Ayuntamiento de Sagunto. ¿Corrupción en el departamento de urbanismo?

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Ayuntamiento de Sagunto. ¿Corrupción en el departamento de urbanismo?

De momento solo existen contenciosos administrativos y , sin embargo, algunos afectados por la reparcelación del Macrosector IV plantean la posibilidad de acudir a la vía penal para denunciar presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación; presuntos delitos que podrían afectar al jefe de departamento de urbanismo,  así como a varios concejales de distintas fuerzas políticas dado que las irregularidades se produjeron durante las administraciones de Alfredo Castelló y Sergio Muniesa. Y es que algo huele muy mal en el Macro sector IV , ese terreno que se extiende frente a  el PAI fusión y bajo vías y que pretende albergar otro enorme centro comercial, pese a que el Epicentre no está , ni mucho menos, al 100% de ocupación.

 

IRREGULARIDADES DESDE EL PRINCIPIO

El 27 de mayo de 2010  el pleno del Ayuntamiento aprobó las bases particulares de programación del SUNP IV adjudicando definitivamente el 27 de julio de 2011 la urbanización del PAI (Programa de Actuación Integrada) a la empresa ALSER S.L. El importe de la adjudicación ascendía a 27.440.367 €, IVA incluido.

Según el expediente municipal, el 16 de diciembre de 2011, Alser propone al Ayuntamiento la modificación de la ordenación pormenorizada y concluye la entrega de documentación el día 23 del mismo mes incorporando, además de parte de la justificación escrita, la representación gráfica de la modificación. Sin embargo, un día antes, el 22 de diciembre de 2011,  urbanismo emitió un informe favorable que  incluía  la documentación todavía no presentada por ALSER. Dicha documentación reproducía, literalmente, párrafos enteros de la propuesta que todavía no estaba en  poder del Ayuntamiento. Sin embargo, y si sorprenden las facultades adivinatorias del departamento de urbanismo, aún más extraordinarias  resultan las dotes del entonces Alcalde , Alfredo Castelló, que tres días antes de que la documentación fuera entregada por Alser, resolvió someter la ordenación pormenorizada del PAI  a información pública tal y como demuestra la resolución de Alcaldía N.º 1414 de fecha 20 de diciembre de 2011.  No es de extrañar que, para  algunos afectados por la reparcelación del SUNP IV, este posible “trato de favor” con respecto a otras empresas, pueda ser tipificado como un presunto delito de tráfico de influencias. Pese a ello, el 28 de febrero de 2012 el pleno del Ayuntamiento aprobó de forma definitiva  la modificación puntual  de la ordenación pormenorizada del SUNP IV.

 

ALSER  ENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES.

En noviembre de 2013, una de las personas afectadas por la reparcelación realizada por  Alser S.L., denunció ante el Ayuntamiento (según consta en el expediente) la situación irregular del agente urbanizador (Alser) que se encontraba en concurso voluntario de Acreedores desde el día 10 de mayo de 2013. Recordemos que, según el artículo 20-B de la Ley de contratos de las administraciones públicas, no pueden contratar con la administración “aquellas empresas que hayan solicitado la declaración de concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, se encuentren ya declaradas en concurso, o estén sujetas a intervención judicial o  inhabilitadas conforme a la Ley Concursal”. La afectada manifestaba, también, la vulneración del Artículo 166 de la LUV con respecto al deber de información a los propietarios para el ejercicio de sus derechos, ya que la comunicación referida por la ley había sido realizada por una persona física sin vincular al agente urbanizador y sin la intervención del juzgado o administrador concursal. Además , reseñaba  la falta de garantías suficientes por parte del agente urbanizador y por tanto solicitaba la nulidad del tramite y la liquidación del PAI.

Sin embargo, el jefe del departamento de urbanismo emitió un informe el 21 de enero de 2014 refutando la  alegación interpuesta. Informe en el que negaba la necesidad de ampliar o reforzar la garantía  del agente urbanizador (Alser). Por tanto, desde mayo de 2013 hasta finales de junio de 2015, el Macro sector IV ha estado en manos de una urbanizadora en concurso de acreedores, sin garantías suficientes para los afectados por el PAI y el resto de ciudadanos , y de una forma absolutamente irregular tal y como se reconoce en las actas  de la junta de gobierno local de mayo de 2015 donde se lee, literalmente: “ la mercantil ALSER S.L. está incurso en un proceso judicial de concurso que obliga a adoptar una serie de medidas de garantía reforzada que serían innecesarias en el caso de que el agente urbanizador fuese finalmente la mercantil ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L…”

 

Y … ¿POR QUÉ CAMBIA DE OPINIÓN LA JUNTA DE GOBIERNO?

He ahí el quid de la cuestión. El Ayuntamiento se contradice así mismo para justificar la subrogación que se iba a producir a favor de ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L.  ¿Por qué?. En teoría, la condición de agente urbanizador pasaba de una empresa en concurso de acreedores a otra absolutamente distinta y con capacidad  de contratar con la administración.  Pero…, ¿realmente eran Alser y Actividades Integradas Urbanísticas empresas distintas? Sobre el papel sí,  aunque su arquitectura empresarial apunta siempre hacía el conocido empresario Julián Castellblanque, el hombre que, según los rumores extendidos por sus competidores, “realmente mandaba en el departamento de Urbanismo de Sagunto”. Estos rumores, que jamás han sido  demostrados, han crecido a la sombra de la gran cantidad de PAIs y obras públicas adjudicadas por el Ayuntamiento a sus empresas. En el caso que nos ocupa Castellblanque,  administrador de Alser antes del concurso de acreedores, lo era también de la mercantil Vinarragell S.L., empresa que según consta en el  Boletín Oficial del Registro Mercantil del 25 de marzo de 2014,  se fusionó con ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L., mercantil beneficiaria de la subrrogación y con la que Alser comparte, además, auditor. Según los afectados por la reparcelación del PAI, el Ayuntamiento de Sagunto es sobrado conocedor de todos estos hechos.

 

Por otra parte… ¿Incurre la mercantil ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L. en alguna de las prohibiciones establecidas para contratar con las administraciones públicas? Según los afectados por la reparcelación del Macro sector IV sí , ya que el artículo 20-F de la Ley de contratos de las administraciones públicas considera el “no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes” causa suficiente para la imposibilidad de contratación con organismo público alguno. Sin embargo, existen por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, varias notificaciones  de embargo de cuentas y  providencia de apremio (2012 y 2013) contra la mercantil ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L. Además, el Ayuntamiento de Burriana  inicio un procedimiento de embargo de cuenta corriente contra esta misma empresa que fue publicado en el BOP de la provincia de Castellón el 20 de septiembre de 2014. Y, para mayor escarnio, el Ayuntamiento de Sagunto notificó a ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L., sendas diligencias de embargo que fueron publicadas en el BOP de la provincia de Valencia con fechas 6 de septiembre de 2012 y 6 de octubre de 2014, así como una providencia de apremio de fecha 5 de enero de 2015 incoada tan sólo unos meses antes de la subrogación del PAI, subrogación que se produciría pese a todos estos hechos. Cabe resaltar que, a fecha de hoy, en el expediente del Ayuntamiento no se encuentra ningún informe que acredite que la urbanizadora, ACTIVIDADES INTEGRADAS URBANÍSTICAS S.L., no este in-cursa en alguna causa de prohibición para contratar.

 

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

 

“Básicamente, los hechos se produjeron bajo la Administración del PP, tanto con Castelló como con su sucesor, Muniesa. A nuestro entender y junto al jefe de Urbanismo , ellos son los máximos responsables” – señala uno de los afectados por la reparcelación del SUNP IV – “No obstante, y si no cambian las cosas,  no serán los únicos” – recalca.  Y es que, según nuestro interlocutor, el acuerdo plenario de 28 de julio de 2015 aprobado por todos los grupos políticos, condicionaba la subrogación del PAI a la aportación, en 10 días hábiles tras la publicación del acta plenaria, de la documentación necesaria para acreditar la correcta transmisión de obligaciones y derechos, así como las garantías económicas suficientes y un informe acreditativo de que la urbanizadora  no esta in-cursa en alguna causa de prohibición para contratar. “Estos hechos no se han producido y por lo tanto o el acuerdo no es valido, o los actuales gobernantes son también responsables por consentir que se prolongue esta situación ”- sentencia nuestro interlocutor.

 

Con respecto a la reparcelación del Macro sector IV, en este momento sólo existen abiertas causas administrativas aunque los afectados no descartan el uso de la vía penal por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

 

Texto: Redacción de El Término Confidencial

By | 2017-04-29T16:46:58+00:00 abril 28th, 2017|Categories: Investigación|0 Comments

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